La directora del organismo, Mónica Xavier, enfatizó que uno de los principales desafíos del Instituto es el presupuesto actual, que viene determinado por el período anterior, y, según detalló, el Instituto requiere un refuerzo del 40 % para 2025.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado recibió a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, para conocer su opinión respecto a los proyectos de ley a estudio del Parlamento.
Xavier enfatizó que uno de los principales desafíos del Instituto es el presupuesto actual, que viene determinado por el período anterior, y, según detalló, el Instituto requiere un refuerzo del 40 % para 2025, dado que “en este último año que pasó se ejecutó 20 % más de la apertura originaria del presupuesto”.
El Instituto opera 52 servicios de atención y cinco centros para mujeres e hijos en situaciones de violencia. Sin embargo, Xavier explicó que la labor del organismo no se limita a atender casos de violencia: “tenemos una serie de tareas que son aquellas que no necesariamente son la violencia y que tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres con la transversalidad en el Estado”.
En cuanto al trabajo coordinado entre instituciones, indicó que “el ámbito interinstitucional es el Consejo Consultivo de Violencia y Género que está creado por ley”, y que cuenta con la participación de 14 organismos. Sobre el aumento de casos de violencia, sostuvo que “en 19 días del mes de marzo hubo tres femicidios”, aunque aclaró que “no podemos medir en tan cortos plazos porque si no podría haber una distorsión”.
Consultada sobre la realidad de las mujeres atendidas, Xavier subrayó que “en general vienen a ser atendidas en el instituto tienen promedialmente dos niños cada una de ellas” y que “no son, además, mujeres que pertenezcan en general a los sectores económicamente más acomodados, sino por el contrario”.
Respecto a los proyectos legislativos, expresó el respaldo del instituto a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales: “el Estado no le puede dar como respuesta que el delito prescribió”. También mencionó el señalamiento internacional a Uruguay sobre la edad mínima para contraer matrimonio, que es 16 años y que debería ser 18. “Los matrimonios por debajo de esa edad convencional, en general, se asocian a situaciones de vulnerabilidad de los menores de edad”, apuntó Xavier.
La jerarca también aseguró que, en materia laboral, Uruguay es “un país que, lamentablemente, penaliza la maternidad, porque las mujeres después de su primer hijo tienen una serie de complicaciones” y mencionó el caso de las juezas, quienes tienen que reincorporarse a tiempo completo a su trabajo después de los tres meses.En otro orden, la directora de Inmujeres destacó que se está avanzando hacia una nueva encuesta de prevalencia de violencia de género y generaciones, que sería la tercera que se hace en el país tras la última de 2019, y que permitirá “tener elementos importantes para guiar la política pública”.
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