El colegio Elbio Fernández ignoró normas legales al negar una visita al Museo de la Memoria

Desde la dirección del colegio Elbio Fernández se suspendió una visita que las maestras de los sextos años de primaria tenían planificado realizar al Museo de la Memoria (Mume). A comienzos del 2019 el cuerpo docente presentó distintas propuestas para el año lectivo y esta visita se encontraba dentro de las actividades que habían sido aprobadas hasta que el mismo día de la salida, la dirección dejó sin efecto la misma.

El rechazo desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) no se hizo esperar porque entienden que la medida adoptada es de suma gravedad.

Sergio Sommaruga, secretario general del Sindicato afirma que desde la dirección manejaron dos argumentos: “Uno que tiene que ver con el principio de autoridad, diciéndoles que ellos tienen facultades para resolver qué se hace y qué no, algo que no se ajusta a los ámbitos educativos, donde debe primar una racionalidad pedagógica; y, por otro lado, apelaron a que había un video que mostraban en el Mume que era muy fuerte y que podía generar daño emocional a los niños”.

En comunicación con INFO24 Sommaruga afirmó que la decisión del director de la institución, Enrique González de Toro y que es extremadamente grave en el hecho en sí, en la forma de proceder y en las consecuencias sociales.

El dirigente sindical compartió tres elementos que resultan imprescindibles para refutar la decisión adoptada por las autoridades del colegio.

Enrique González de Toro, que preside la Comisión Directiva de la SAEP, cuestionó que desde el Sintep se difundiera lo que había pasado, porque, a su entender, el tema se discutió en el MTSS con el núcleo de base del Elbio Fernández, y por indicación de la cartera se remitió la discusión al ámbito bipartito y allí, según González, “quedó saldado el tema”.

Sommaruga comentó que tiene la intención de poner en antecedentes de lo ocurrido al Consejo de Educación Inicial y Primaria, al Ministerio de Educación y Cultura y a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Al respecto entiende que es imprescindible que las autoridades se pronuncien por lo que considera que fue un avasallamiento a buena parte de las normativas legales que regulan el funcionamiento de los institutos de enseñanza.