EE UU, ¿Tercer país seguro para Jimmy Morales?

El Gobierno de Guatemala buscaría darle trámite parlamentario al acuerdo migratorio firmado el 26 de julio con EEUU antes que termine 2019 para aprovechar las mayorías que todavía respaldan al presidente saliente, Jimmy Morales. En enero asumirá el nuevo Congreso y el presidente que surja del balotaje del 11 de agosto.

Ese día se medirán el centroderechista Alejandro Giammattei, del partido Vamos por una Guatemala Diferente, y la socialdemócrata Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, el más votado en la primera vuelta del 16 de junio.

Ambos candidatos rechazaron no solo el acuerdo sino el procedimiento seguido, ya que fue firmado por el ministro del Interior —quien no tendría el estatus suficiente—, y porque, en principio, la intención del oficialista Frente de Convergencia Nacional del presidente Morales era que no pase por el Parlamento.

De hecho, el Tribunal Constitucional analiza por estas horas sendos amparos contra el pacto migratorio suscrito en la Casa Blanca el 26 de julio.

Para todos los partidos políticos guatemaltecos, las organizaciones sociales, e incluso para EEUU, convierte al país centroamericano en un tercer país seguro, aunque el Gobierno de Morales rechaza esa denominación.

«Ser tercer país seguro implica que en virtud de la Convención de Ginebra del año 1951 Guatemala se convertiría en una suerte de país de igual protección para todas aquellas personas que intenten pedir refugio en EEUU», resumió consultado por Sputnik Edgar Ortiz, director del Área Jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala.

«Esto quiere decir que si un migrante llega por tierra a EEUU y se demuestra que pasó por Guatemala y no pidió asilo, sería remitido a Guatemala, que tendrá la obligación de tramitar su petición y dar atención a esa persona que reclama refugio por algún temor fundado en su país», indicó.

Dentro de las prestaciones a las que se compromete figuran cuestiones tales como salud, refugio y educación. Pero otro de los ejes centrales de la polémica es que todos los años más de 100.000 guatemaltecos abandonan su país, la mayoría rumbo a EEUU porque no logran cubrir sus necesidades básicas o son expulsados por la violencia.

El experto consultado advirtió que si lo firmado llega a entrar en vigencia, su país se expone a demandas, ya que como integrante del sistema internacional puede ser denunciado si los eventuales solicitantes de asilo ven sus derechos humanos vulnerados.

Dentro de las explicaciones acerca de por qué el presidente Morales está dispuesto a pagar el costo político de una decisión de estas dimensiones, una es que electoralmente ya quedó fuera de competencia en la primera vuelta.

Por otro lado se especula que con esta medida, como en su momento fue la de trasladar la Embajada de Guatemala en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, se está asegurando el respaldo de Washington.

«Lo que se presume o conjetura en Guatemala es que, como el presidente Morales tiene señalamientos de corrupción que los formuló una comisión de Naciones Unidas, la Cicig, y previendo problemas judiciales cuando termine su mandato, lo que busca es la protección de EEUU y por eso busca formas de congraciarse con la administración de Donald Trump», manifestó el entrevistado.