Diputados Gerardo Núñez y Luis Puig: pudimos confirmar que esta red de espionaje que operó en Argentina, también operó en Uruguay

Entrevistados en InterCambio los diputados frenteamplistas Gerardo Núñez y Luis Puig, hablaron sobre la trama de espionaje que investiga en Argentina el juez federal Alejo Ramos Padilla y que se extendió a Uruguay, lo que llevó a ambos a la vecina orilla para acceder a más información.

Los legisladores mantuvieron contactos con pares argentinos como el presidente de la Cámara de Diputados, el veterano dirigente Leopoldo Moreau, con el objetivo de conocer más elementos de la extensión a Uruguay de la trama de espionaje denunciada por el magistrado en el Congreso del país hermano. Esa red de inteligencia con base en Argentina espió en Uruguay a integrantes del Frente Amplio (FA) y a empresarios.

Nuñez informó al aire que “se confirmó todo lo que habíamos podido contactar” de información referida a “llamadas telefónicas” y “correos electrónicos” de ciudadanos uruguayos.

“Lo pudimos confirmar” en suelo argentino y “los contactos” realizados allí “nos ofrecieron determinada documentación” confirmatoria de que “esta red de espionaje que operó en Argentina, también operó en Uruguay”. Aquí lo hizo con “cobertura” de investigaciones a “empresarios” locales y a “PDVSA”, marco en el que “se espió a integrantes del FA”, precisó Núñez.

Puig ratificó que “quedó claramente establecido la existencia de espionaje también en Uruguay”, inesperada derivación de “un caso de extorsión” que, entre muchos otros casos, perpetró el fiscal argentino Carlos “Stornelli” en complicidad con el agente de inteligencia Marcelo D´Alessio, conforme a las probadas denuncias periodísticas y judiciales que originaron la causa.

Con base en documentación incautada por orden judicial a D´Alessio y en investigación periodística, fue denunciada la pertenencia de éste a agencias de espionaje extranjeras, relación que investiga el juez Ramos Padilla, que ya ha sido amenazado y contra quien el propio gobierno argentino ha iniciado un proceso de juicio político con el propósito de destituirlo.

“Parece ser una mafia” amparada y coordinada “por el poder” político del país vecino, continuó Puig, recordando que Stornelli es “el fiscal que trabaja con (el juez Claudio) Bonadío en la causa de ´los cuadernos´”.

Con la causa de ´los cuadernos´, según se va confirmando desde el verano, la red ilegal integrada por agentes, magistrados, periodistas y gobernantes fraguó pruebas falsas, procesó y condenó por corrupción y sin pruebas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a varios exfuncionarios de sus gobiernos y a muchos empresarios que contrataban obra pública.

Puig relacionó la referida extensión a Uruguay de esa “mafia” dedicada a la extorsión por dinero y a las operaciones políticas contra los gobiernos kirchneristas, con un “castigo o escarmiento a las posiciones que asume Uruguay” respecto de las agresiones y desestabilizaciones “a Venezuela”. Señaló la necesidad de “saber si D´Alessio actuó solo en Uruguay” o lo hizo “con apoyo de gente que tiene experiencia en estas cosas” aquí.

Núñez agregó que el ex directivo de PDVSA Gonzalo “Brusa Dovat”, quien fue gerente de la compañía petrolera venezolana en Uruguay, denunció hace apenas semanas que también “fue extorsionado” por esa trama denunciada por Ramos Padilla en la que Stornelli y D´Alessio aparecen como figuras centrales junto al periodista Daniel Santoro.

Éste entrevistaba a los extorsionados que se auto-incriminaban e incriminaban a terceros y cuartos en delitos inexistentes y luego publicaba las entrevistas dos o tres días antes de que las víctimas comparecieran ante el fiscal, a quien ratificaban su autoinculpación para evitar una acusación penal, o bien para reducirla e incluso para proteger a sus familias.

“Es muy grave lo que está pasando” en Argentina, además de que “esto vulnera la soberanía del país”, alertó Núñez. Puig, por su parte, advirtió que “llama poderosamente la atención que paralelamente” al desarrollo de los hechos denunciados, en nuestro país “aparezca información que está muy relacionada con esto” y a la que aludió la diputada Graciela Bianchi, del Partido Nacional, quien sin embargo no presentó denuncia alguna.

Núñez dijo que todo esto genera “mucha preocupación” en Argentina, donde “por suerte está preocupando a otros legisladores” y no solo a los kirchneristas, o sea también a parlamentarios “oficialistas”. Destacó la relevancia de que hacia el final de la semana pasada “hubo una enorme movilización” en apoyo al juez Ramos Padilla, quien viene actuando con valentía y determinación pese a los obstáculos que encuentra para investigar y a la hostilidad explícita que recibe del gobierno.

“Es muy importante que haya sido masivo el respaldo”, recalcó el joven diputado del FA, remarcando que “es muy grave que esto suceda, impacta en la región” y lo hace al punto de que “nos da lugar” a analizar “cómo llegaron determinadas informaciones a nuestro país” que manejó Bianchi.

Puig remarcó que existe “profusa documentación sobre la operación en Uruguay”, para la cual “resulta claro que tiene que haber habido apoyos locales para esto”.

Núñez, por su lado, puntualizó que “queremos que esto transite por los caminos correspondientes, institucionales” y que se sepa “cómo ingresó a Uruguay” quien espió a integrantes del FA y empresarios. O sea, si lo hizo “con una cobertura legal” o en forma clandestina, teniendo en cuenta que D´Alessio “se hizo pasar por abogado” durante varios años, falsedad por la que fue procesado y se encuentra en prisión desde hace algunas semanas.

Después, ambos legisladores frenteamplistas se refirieron a las similitudes operativas entre este entramado de inteligencia y las operaciones de espionaje en democracia investigadas por el Parlamento uruguayo.

Luego siguieron desarrollando este tema y abordaron las relaciones entre el sistema político y las Fuerzas Armadas desde la restauración democrática en 1985, así como analizaron la evolución de éstas, sus concepciones ideológicas, sus vertientes y su vínculo con el régimen democrático.