¿Cuál es el tratado de derechos humanos y ambientales que Chile y Colombia se rehúsan a firmar?

En medio de las masivas protestas que se suceden en varios países de la región y de una escalada de violencia contra líderes sociales, Colombia y Chile confirmaron que no ratificarán el llamado Acuerdo de Escazú, que crea mecanismos para proteger la vida de defensores de los derechos humanos y ambientales.

El Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América latina y el Caribe se firmó el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, tras seis años de negociaciones. El país anfitrión junto con Chile fueron dos de sus principales impulsores.

Pero una semana después, el 11 de marzo, terminó en Chile el mandato de Michelle Bachelet y comenzó el de Sebastián Piñera. La posición del país cambió radicalmente.

Las recientes protestas sociales contra el modelo económico trasandino motivaron al presidente a suspender la cumbre ambiental del clima (COP 25) prevista para diciembre.

Para esa fecha ya se estaban anunciando fuertes protestas contra el Gobierno por su negativa a ratificar el tratado. «Todo lo que establece Escazú está contenido en la legislación nacional. Por lo tanto, no agrega nada», dijo Piñera en su momento.

Consultado por Sputnik, el profesor costarricense de Derecho Internacional Público Nicolás Boeglin planteó que «si ya tienen todo, de qué tienen miedo es lo que uno podría preguntarse. Si no agrega nada, ¿cuál es el miedo señor Piñera?».

Una situación similar y bajo los mismos argumentos se da en Colombia. Su presidente,, Iván Duque, comunicó que tampoco firmará el acuerdo. En el país cafetero solo en la última semana nueve líderes sociales fueron asesinados en el departamento del Cauca. Con 24 líderes ambientales asesinados en 2018 es el más peligroso de la región en este sentido.

«Hay que dejar claro que firmar el texto no es lo mismo que ratificar. Cuando uno firma no asume el contenido ni la totalidad de obligaciones. Y sin embargo tenemos a esos dos mandatarios que están revolucionando el derecho internacional haciendo creer que la simple firma conlleva la aceptación de todas las obligaciones», cuestionó el académico.

Además de los países mencionados, Boeglin incluyó a Brasil, Honduras y Guatemala en la lista de gobiernos reacios a que el tratado entre en vigencia porque lo consideran «un freno a posibles grandes proyectos (…) no quieren reconocer y mucho menos consolidar los derechos de las comunidades frente a megaproyectos que impulsan».

Único en su especie

«En derecho internacional tenemos una gran cantidad de textos en derechos humanos y una gran cantidad de tratados en derecho ambiental. Escazú es la primera vez que hace la combinación de los dos y nos habla de derechos humanos asociados a la defensa del ambiente», destacó Boeglin.

Para el académico, este aspecto «es sumamente importante en un región como Latinoamérica, caracterizada por ser la primera en el mundo donde se asesinan de forma totalmente impune a una gran cantidad de líderes ecologistas e indígenas».

El artículo nueve refiere a la protección que los estados tienen que asegurar a quienes defienden el ambiente.

«Esta es la primera vez en la historia que se hace ver que hay una categoría específica de personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad, en la medida en que desde sus pequeñas comunidades se oponen a megaproyectos y además tienen que lidiar con un Estado que apoya esos megaproyectos», explicó.

Boeglin mencionó como otro de los logros del Acuerdo Escazú que será «vinculante» una vez entre en vigencia.

Para que eso ocurra debe ser ratificado por al menos 11 países. Hasta el momento son seis. Guyana fue el primero, en abril de 2019. Por su parte, Bolivia y Uruguay en el sur del continente, y Jamaica, San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas en el Caribe lo hicieron en septiembre de este año en el marco de la Asamblea General de la ONU.