Brumadinho: años de irresponsabilidad detrás de una tragedia evitable

Falta de control y escaso mantenimiento hicieron de la gigante minera brasileña Vale una bomba con las condiciones para estallar. La explosión finalmente se dio en los primeros días de Gobierno de Jair Bolsonaro, el mismo político que días antes había eliminado el ministerio de Medio Ambiente, encargado de ejercer este tipo de contralor.

Vale «es una empresa enorme» que está presente nacional e internacionalmente y cuyo lucro en términos empresariales es similar al de Petrobras, comentó en diálogo con Sputnik el investigador argentino Patricio Gómez Talavera.

«Quizá sirve como un gran desmentido de que privatizar todo es una excelente y genial idea. Porque Petrobras no fue privatizada, Vale sí y salvo en los años 1997, 1998, 1999 y 2000 jamás tuvo lucros superiores a Petrobras, que permaneció estatal», agregó el analista especializado en política brasileña.

Por su condición de privada, se amparó en el proceso de desregulación iniciado en 1997 bajo el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) y continuado por más de dos décadas «durante los gobiernos que le siguieron». Proceso al que hace una década se sumó la casi completa ausencia de controles ambientales basados, de acuerdo al docente de la UBA, en dos causas: una jurídica y otra económica financiera.

La primera relacionada a la disminución de los requisitos para que las empresas del rubro funcionaran en el estado de Minas Gerais, lo que provino de una disposición del Gobierno estadual. La segunda relacionada a la crisis económica que ya se dejaba ver y quitaba presupuesto destinado a funcionarios para fiscalizadores.

«La crisis económica implicó recortes por más de 1.300 millones de reales (347 millones de dólares de febrero de 2018) al presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. Ministerio que ya no existe por decisión del Gobierno de Bolsonaro», indicó Gómez Talavera.

«Eso hizo que todos los fiscales ambientales, todos los cuerpos de control oficiales tuvieran claros problemas operativos por falta de presupuesto y por tanto se debilitara la capacidad de llevar adelante controles con la recurrencia, la cantidad e intensidad necesarios», agregó.

Según datos brindados a Sputnik por Frederico Flósculo, profesor de arquitectura y defensa urbana de la Universidad de Brasilia, sólo en el estado de Minas Gerais hay ocho represas con riesgo de rompimiento, lo que pone en peligro de muerte a más de 200.000 personas. Esta cantidad aumenta exponencialmente si se considera todo el territorio brasileño, donde 45 diques no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para su funcionamiento.

«Todo el país parece mantener una actitud de completa falta de respeto a los fundamentos de la preservación del ambiente y de las vidas humanas, frente a la violencia con que empresarios y grandes organizaciones multinacionales explotan sus recursos naturales. En la base de todo está ese ‘salvajismo brasileño’, esa consistente demostración de falta de empatía para todos los aspectos de la realidad que no acarrean beneficio para las empresas explotadoras de minerales», apuntó Flósculo.

Aun así el desafío para el Gobierno existe, puesto que la tragedia de Brumadinho le ha golpeado en la cara luego de una campaña electoral en que no solo dejó de lado la protección al medioambiente sino que la puso en segundo plano con excusas como la falta de incentivos a la producción y las pesadas cargas a unos empresarios agobiados por los controles.

«El problema que tienen tanto el gobernador Romeu Zema (de Minas Gerais) como Bolsonaro es que chocaron con la realidad muy temprano y muy de golpe (…) Esta es una tragedia de dimensiones enormes que además afectó un ecosistema de pesca donde había comunidades indígenas y sectores que vivían la explotación de los recursos naturales no ferrosos. Ahora el Gobierno tuvo que salir a sobreactuar un discurso que no le pertenece, que es el de mayor control sobre este tipo de situaciones», opinó Gómez Talavera.